martes, 26 de junio de 2012

Obama declara la guerra a Arizona y suspende acuerdo de migración


A pesar que la Corte Suprema de Justicia falló a favor que le da autoridad a la policía para comprobar el estatus migratorio de una persona a su discreción, el presidente ordenó suspender inmediatamente toda la ayuda del acuerdo que existe entre los federales y los estados de asistir en la protección de las fronteras de EEUU.

El Gobierno de Estados Unidos anunció hoy que suspenderá el controvertido programa 287g en Arizona, después de que el Tribunal Supremo anulara en un dictamen tres de las cuatro cláusulas más controvertidas de la ley SB1070 contra los indocumentados en ese estado.
Durante una conferencia telefónica con periodistas, funcionarios de alto rango de la Administración de Barack Obama informaron que, a raíz del dictamen, el Gobierno federal anulará los acuerdos vigentes entre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) y las agencias policiales de Arizona que participan en el programa 287g.

Las autoridades federales explicaron que los acuerdos de participación con el programa 287g no son útiles en aquellos estados que han adoptado leyes como la SB1070 contra los inmigrantes indocumentados.
El programa 287g, en vigor desde 1996, permite a los agentes de policía locales y estatales hacer cumplir las leyes de inmigración federales. Su propósito es delegar a esas agencias la autoridad para el arresto de indocumentados criminales.

ICE ha suscrito acuerdos de cooperación bajo el 287g con 68 agencias policiales en 24 estados. Desde enero de 2006, el programa ha ayudado a identificar a más de 279.311 inmigrantes "deportables", la mayoría en cárceles locales, según datos de ese organismo.
En concreto, los siete organismos de Arizona afectados por la decisión de hoy son los departamentos policiales de Phoenix, Mesa y Florence, las oficinas de los alguaciles de los condados Pima, Pinal y Yavapai, y el Departamento de Seguridad Pública en ese estado.

Ya en diciembre pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) había anulado el acuerdo con la oficina del alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, tras un informe que detalló las prácticas anticonstitucionales y la discriminación sistemática de su oficina contra los reos latinos en ese condado.

Por otra parte, los funcionarios de Inmigración del DHS en Arizona han recibido instrucciones de no responder al llamado de policías locales o estatales cuando éstos detienen a personas por infracciones de tránsito u otras infracciones menores.

La única excepción será cuando se trate de algún indocumentado condenado por un delito o que haya sido expulsado anteriormente de Estados Unidos y haya regresado de forma ilegal.
En cualquier caso, el DHS se comprometió a continuar cumpliendo con sus obligaciones legales de verificar el estatus migratorio de los detenidos cuando así lo soliciten las autoridades, indicaron los funcionarios.
Horas antes de este aviso, el Tribunal Supremo anuló las secciones 3, 5 y 6 de la SB1070, pero dejó en pie la sección 2B, que permite a la policía pedir "los papeles" de quienes detenga por otras infracciones, incluso menores, y tenga "sospecha razonable" de que son indocumentados.

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Lamar Smith, consideró hoy que el fallo del Tribunal Supremo y la suspensión del programa 287g suponen un "nocaut" para los gobiernos estatales que buscan poner coto a la inmigración ilegal y resguardar la seguridad pública.
"La decisión del presidente Obama de suspender el acuerdo de 287g en Arizona e ignorar el pedido de ayuda (de los estados) demuestra que a esta Administración le importa poco el cumplimiento de nuestras leyes de inmigración", se quejó Smith, quien junto a otros conservadores aboga por una política de "mano dura" contra los indocumentados.

Según Smith, la Administración Obama permite que los indocumentados sigan trabajando ilegalmente en Estados Unidos "mientras trece millones de estadounidenses están desempleados", y los gobiernos estatales y los contribuyentes siguen pagando "los costos de sus fallidas políticas".

Fuente: Excelsior

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