jueves, 23 de febrero de 2012

El servicio militar obligatorio rebela a los judíos ultra-ortodoxos en Israel


La decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional la ley que exime del servicio militar obligatorio a los judíos ultra-ortodoxos ha provocado el rechazo de ese colectivo, pero no parece poner en peligro la continuidad de su apoyo al gobierno de Biniamín Netanyahu.
Eli Yishai, presidente del partido ultra-ortodoxo sefardí Shas, uno de los más relevantes socios del ejecutivo de coalición, rebajó las conjeturas sobre una posible crisis de gobierno al aclarar que la decisión judicial no supondrá el fin automático de su colaboración con Netanyahu.

Sin embargo, también dejó claro que el primer ministro deberá encontrar otro mecanismo que garantice que los "haredim" (en hebreo, temerosos de Dios) puedan seguir dedicando su vida íntegramente al estudio de la Torá (la ley judía) en los seminarios religiosos.

Yishai, que se reunió con el primer ministro inmediatamente después del fallo judicial para tratar la cuestión, señaló que "ahora que los jueces del Supremo han decidido que la Ley no es satisfactoria, construiremos una nueva ley junto con el Ministerio de Defensa y el de Justicia", informó la emisora de radio Kol Israel.
El líder del Shas destacó que "la contribución de los estudiantes rabínicos al pueblo judío y al Estado de Israel es obvia para cualquier creyente judío".
La Corte derogó la conocida como Ley Tal, que exime a los jóvenes ultra-ortodoxos dedicados al estudio de los entre dos y tres años obligatorios de servicio militar a que están obligados el resto de los jóvenes, salvo la minoría árabe, que supone un quinto de la población.

La corte consideró que la ley, aprobada en 2002 con el objetivo de integrar voluntaria y gradualmente en el Ejército a los llamados "estudiantes eternos", era inconstitucional y discriminatoria.
La norma "viola el principio de igualdad como parte del derecho a la dignidad" además de "no respetar los criterios de proporcionalidad", argumentó la presidenta de la Corte Suprema, Dorit Beinisch.
Beinisch acusó al Estado de no haber logrado en nueve años implementar la ley en su conjunto y fomentar la participación de los ultra-ortodoxos más religiosos en el Ejército o en un servicio civil sustitutorio.

Fuente: EFE

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